La nueva Ley de IA aprobada por el Gobierno español adapta la normativa europea al marco nacional y busca garantizar un uso seguro y transparente de la inteligencia artificial. Entre sus medidas más destacadas están la prohibición de generar contenidos sexuales falsos sin consentimiento mediante IA, la obligación de identificar claramente los contenidos creados o modificados con estas tecnologías y la exigencia de supervisión humana en los sistemas considerados de alto riesgo. La norma también restringe prácticas como la manipulación subliminal, la explotación de personas vulnerables o la clasificación de individuos según características sensibles. Además, establece un régimen sancionador muy severo, con multas que pueden alcanzar los 35 millones de euros o hasta el 7 % de la facturación global de una empresa en los casos más graves.
